En la tarde de lunes (02), cerca de 400 jóvenes realizaron un escrache frente a la casa del presidente de la Cámara, el diputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ubicada en la denominada “Península de los Ministros” del Lago Sul, área noble de Brasília.

 
El objetivo del acto es denunciar Cunha, investigado por corrupción y principal articulador de la ofensiva conservadora contra la clase obrera del país, y pedir su deposición del cargo de presidente de la Cámara.
Para Janderson Barros, del colectivo de juventud del MST, en el Distrito Federal, Cunha representa la agenda conservadora del Congreso y retira derechos fundamentales del pueblo brasileño.
“Luchamos contra esa bancada conservadora que está en el Congreso que no nos representa. Laretirada de derechos del pueblo coordenada por Cunha es un retroceso. Por esto, necesitamos una reforma política para reestructurar la sociedad, y la juventud desempeña un papel fundamental en este proceso”, subraya Barros.

 

Las pautas de Cunha y su propio histórico político – del partido de Collor, pasando por la leyenda heredera de la dictadura, hasta la agremiación que lideró la oposición del régimen militar- además de la confusión ideológica que reina en el sistema político brasileño, crearon un escenario en que el diputado, utilizando maniobras, algunas de ellas desafiando la legalidad, recolocó en votación, de la noche a la mañana, cuestiones de su agenda conservadora que había legalmente sido derrotada.

Cunha es el proponente de proyectos considerados machistas y homofóbicos, como el Proyecto de Ley (PL) 1.672, de 2011, que instituye el Día del Orgullo Hétero, el PL 5069/13, que prohíbe al Sistema Único de Salud (SUS) ofrecer a las mujeres víctimas de violación la píldora del día siguiente y prestarles orientaciones sobre el derecho al aborto. Todas son banderas del presidente de la Cámara que garantiza la fidelidad de diputados electos con su ayuda financiera para las campañas y por el coeficiente electoral.
De acuerdo con la coordinación del Levante, la juventud se suma a la lucha por el “Fuera Cunha” y afirma que el retroceso contra los derechos del pueblo brasileño debe ser barrado.
“La juventud está en las calles para defender que otro proyecto para Brasil es posible y que no aceptaremos, sin lucha, proyectos como el 5069, que es una violencia a los cuerpos de las mujeres, una de las muchas que el Estado comete”, afirma Laura
Él es también el principal articulador de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 171/93, que reduce la mayoridad penal de 18 para 16 años, del PL 4.330, que libera la tercerización de cualquier función de las empresas, y de tornar el financiamiento privado de campañas constitucional, mismo después de la decisión de ilegalidad de la Suprema Corte (STF). Y del Estatuto de la Familia.
Manhattan brasiliense

La Península de los Ministros es un reducto de millonarios. Senadores, diputados, ministros y los principales empresarios de la ciudad residen allá. Aunque no haya terrenos en venta, estimase que el valor sea cerca de 4,5 millones de reales.
El nombre oficial del lugar es Parque Ecológico Península Sul, que fue creado con el objetivo de poner esa área noble del lago Paranoá disponible a toda la población del Distrito Federal. Una vez que es un espacio público, no puede ser restringido a una parte privilegiada de la población.

En agosto de este año, la operación de la Agencia de Fiscalización del Distrito Federal (Agefis) para retirada y desocupación de construcciones irregulares en la orla del Lago Paranoá pasó por las mansiones oficiales de la Península, incluyendo la de la Cámara de los diputados, utilizada por Cunha, cuyo proceso todavía está en negociación, con la derribada suspensa.
Ante esto, el gobierno del Distrito Federal, que ha tratado el pueblo con violencia, sufre un gran dilema: si cumple o no una decisión judicial de derribada de inmuebles ilegales que ocupan la orla del Paranoá. Además de alimentar la segregación social ya existente, una vez que prioriza los investimentos y mejorías en áreas donde se concentra la población con mayor poder adquisitivo, político y social, toma actitudes opuestas al derecho garantizado por la Constitución.